En 2014, el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz implementó el Patrullaje Inteligente como parte del plan de seguridad A Toda Vida Venezuela. Pero dos años después los homicidios en el país aumentaron 189%. En la parroquia San Blas del municipio Valencia, Carabobo, la inseguridad empeora con la proliferación de la venta de drogas y las rivalidades entre grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.

Vanessa Moreno Losada

"Cuando estaba sano era un muchacho amable, pero cuando se metía su broma era terrible. En el barrio no sabíamos qué íbamos a hacer con él. Hace un mes, parece que estaba drogado y se quedó en la pasarela para atracar a alguien, pero un carro lo atropelló. Estuvo unas semanas en coma y murió”. Así recuerdan a Kevin Amaya, un adolescente de 14 años de edad que vivía en la comunidad Brisas del Este de la parroquia San Blas, en Valencia, estado Carabobo, una de las más violentas del país.

“Los  homicidios y la venta de drogas son dos de los flagelos más graves que tenemos en Brisas del Este, al igual que en La California y en La Adobera. No es posible afirmar que todos, pero la mayoría de los homicidios son cometidos por personas que han consumido estupefacientes”, manifestó  Manuel Molina, concejal de la parroquia.

Son zonas donde abundan los asesinatos de jóvenes que se pelean por el control del barrio para poder comercializar sustancias ilegales, según los reportes que le hacen llegar al concejal. “Uno puede presumir, por lo que los vecinos nos cuentan, que así los muchachos se sienten poderosos. Pero el control en los barrios no solo pasa por la venta de droga, sino también por las extorsiones a los comerciantes, quienes temen denunciar porque el delincuente sabe dónde está ubicado”, explicó Molina.

José Gregorio Báez Mérida fue herido de muerte por dos hombres, por resistirse al robo de su teléfono celular. Tenía 47 años de edad y era un líder en su comunidad. Foto: Iván Reyes

Desde su punto de vista, el joven que comete un delito en estos sectores no teme al castigo. “Los delincuentes saben que la Policía de Carabobo no va a estar todo el día metido en un sector, porque apenas tiene dos patrullas”, apuntó. La falta de funcionarios y equipos para combatir el crimen se debe a lo que él llama “el monopolio de la seguridad”, es decir la segmentación del territorio carabobeño y la asignación de un solo cuerpo policial para su vigilancia que se estableció en 2014 gracias al llamado Patrullaje Inteligente.

Para la ejecución de operativos policiales en los barrios de San Blas se requiere el apoyo de otros organismos. En la práctica se llevan a cabo como razzias indiscriminadas y sin procedimientos apegados al principio de uso proporcionado de la fuerza, admite un oficial de la Policía de Carabobo con nueve años en el organismo. Dice, con cierto orgullo, que gracias a estos despliegues los índices delictivos han mermado en San Blas, aunque no mostró registros que respalden su argumento.

Para Paola, quien lleva 40 años de su vida en el barrio Brisas del Este, la policía, más que un alivio, es una preocupación. No puede contar cuántos jóvenes de su comunidad han sido asesinados. Apenas tiene la percepción de que los “ajustes de cuentas” y los operativos policiales han acabado con los “mayores dolores de cabeza” de la comunidad, pero a costa de la angustia de las madres.

Ella es la abuela de uno de los jóvenes que fueron detenidos durante esos operativos en 2012. Cuenta que su nieto regresaba de un instituto universitario,  donde aspiraba a ingresar, y quedó en medio de una de las redadas practicadas por la Policía de Carabobo. Fue detenido junto con otros jóvenes y acusado de traficar con 60 kilos de cocaína. Durante 15 días, Paola y su hija, la madre del joven, no habrían podido verlo. Aseguraron que lo mantuvieron aislado y que la policía intentó extorsionar a la familia; que les pidieron dinero a cambio de no inculparlo. Ellas, dicen, confiaban en que la inocencia del muchacho sería suficiente para sacarlo pronto de la cárcel. No fue así. El joven a los 18 años de edad, continúa en el Internado Judicial de Tocuyito, donde purga una condena de 25 años de cárcel. “Mi hija conoció un abogado que revisó el caso y se dio cuenta de que el expediente estaba alterado. En tres meses hizo una apelación y al parecer en diciembre tenemos de vuelta a nuestro muchacho”, expresó Paola con esperanza.

Desde hace cinco años, Paola no ha visto en su barrio promotores deportivos o culturales para los niños, niñas y adolescentes; tampoco a ningún organismo del Estado dedicado a la prevención del consumo de drogas

Varios vecinos aseguran que la venta de drogas se instaló  en la parroquia San Blas desde los años 70’, cuando la familia Malpica se apoderó del comercio ilegal. El concejal indicó que el primero de ellos fue Jorge Armando González, delincuente conocido como “Currutaco”, cuya historia fue llevada a la televisión. En uno de los capítulos de la serie Archivo Criminal se le mostraba como una especie de Robin Hood. En ese episodio se narró que Currutaco se involucró en el mundo del crimen desde los 16 años de edad y que había participado en más de 20 asaltos a bancos y homicidios fue asesinado.

El heredero del negocio fue Ringo Malpica, continúa Molina, quien también incursionó el  robo de vehículos. En 2000 fue asesinado por la Policía de Carabobo. “Las autoridades dedicaron varios operativos a acabar con las bandas delictivas del estado, una de ellas la de Los Malpica.  El último de ellos fue Bladimir Malpica, asesinado frente a una licorería, indicó.

Sin resultados

Desde el cargo de Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres implementó la Misión A Toda Vida Venezuela, la última que el presidente Hugo Chávez creó antes de morir en 2013. El general del Ejército dividió al país en cuadrantes para desarrollar el llamado Patrullaje Inteligente. El plan se promocionó como “cuadrantes de paz”.

Las cifras oficiales indican que el plan fracasó. 11.761 personas fueron asesinadas en 2013 en Venezuela, según los datos que publicó el ministerio dirigido por Rodríguez Torres. En enero del año siguiente, el alto funcionario explicó al país que habían seleccionado 79 municipios donde se producían 89% de los homicidios. Se suponía que allí se enfocarían los esfuerzos del vigésimo plan de seguridad ensayado durante la gestión de Chávez. Dos años después en 2016, el Ministerio Público reportó un incremento de la tasa de homicidios: 70,11 por cada 100.000 habitantes. 21.752 asesinatos en un año.

Para 2018, el Ministerio se dispuso elevar a 2.500 los Cuadrantes de Paz en los 24 estados del país.

Según sus creadores, el Patrullaje Inteligente consistía en la disección del territorio en cuadrantes de hasta cinco kilómetros cuadrados y la asignación de un cuerpo policial como responsable de la vigilancia en esa área. Para garantizar la comunicación de la comunidad con la policía, cada cuadrante tenía un número telefónico con código de Movilnet, la empresa de telefonía móvil del Estado.

Los números fueron rotulados en módulos, patrullas y motos del cuerpo policial asignado, publicados en prensa nacional y local, y anunciados en afiches que colgaron de postes de electricidad. Pocas personas lograron entender este sistema de comunicación y optaron por marcar el 171, una central telefónica de emergencias que más tarde cambió al 911.

Socorro Román, es una mujer de 70 años de edad que siempre ha vivido en San Blas. Nunca logró memorizar el número telefónico 04166098114 que la pondría en contacto directo con la Policía de Carabobo. Ella es una de las que optó por llamar al 171 para intentar advertir que delincuentes estaban forcejeando una vivienda vecina. En esa oportunidad, hace un año, Nadie atendió.

Carabobo tuvo 10 municipios priorizados dentro de la Misión A Toda Vida Venezuela; uno de ellos el municipio Valencia en el que la parroquia San Blas arrojó una tasa de homicidios de 672 por cada 100.000 habitantes para 2013, según el Anuario de Mortalidad del Ministerio para la Salud. La seguridad de la comunidad recayó en la Policía de Carabobo, aunque en los 973.635 metros cuadrados de esta localidad también hay una sede de la Policía de Valencia.

El deterioro ambiental está a la vista de todos en la parroquia San Blas. Foto: Iván Reyes

José Gregorio Báez Mérida, de 47 años de edad, fue asesinado el 24 de noviembre de 2013 por negarse a entregar su celular en la calle Libertad, a menos de 20 metros de su residencia. Su hermano, Julio Báez, asegura que esa noche ningún cuerpo policial apareció por el sector y que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se limitó a recoger el cadáver de la Clínica Guerra Méndez a las 3:00 am, seis horas después de su fallecimiento.

“Yo no vi nunca a un Cicpc por aquí, no vi que hicieran planimetría ni nada. Un mes después, mataron a un vecino que vivía unas cuadras más abajo. Le dieron un tiro en la cabeza. Y también esa muerte quedó así, sin culpables”, señaló.

La respuesta policial no cambió en la localidad, pese al despliegue del plan Patria Segura y Patrullaje Inteligente. Así lo respalda la experiencia de Eduardo Duarte, a quien le robaron su carro a las 5:00 am en 2015. Ese día necesitaba salir para llevar a su hermana al hospital donde se trataba después de un accidente cardiovascular. “No grite, no volteé. Lo vamos a matar”, fue la amenaza que escuchó después del sonido de una motocicleta. En menos de un minuto, Duarte se quedó sin su vehículo, sin documentos de identidad y sin teléfono.

“Fui al módulo de la policía de Valencia y me dijeron que hiciera la denuncia en el Cicpc de la Plaza de Toros. Cuando llegué allá a eso de las 6:00 am, no me atendieron porque estaban haciendo el cambio de guardia. Me tuvieron así como una hora y al final registraron mi denuncia. Al día siguiente regresé y, como se dieron cuenta de que el carro estaba asegurado, me dijeron que me arreglara con el seguro”, apuntó el hombre que tiene 66 años viviendo en San Blas. No recuperó su carro.

Esa no habría sido la primera vez que Duarte se convertía en víctima directa de la delincuencia. Diez años atrás su casa fue hurtada y en ese momento la respuesta policial fue nula. “Me dijeron que no se podían mover de allí. O sea que esa violencia e ineficiencia ha sido permanente”, dijo resignado.

Con el tiempo, el Patrullaje Inteligente se fue desvaneciendo. Los afiches con los números del cuadrante se cayeron de los postes y se fue configurando una política de “mano dura contra el hampa”, que condujo al Operativo de Liberación y Protección al Pueblo (OLP). Estos operativos, implementados por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol en 2015, con 505 personas fallecidas a manos de funcionarios policiales y militares, entre julio de ese año 2015 y marzo de 2017, según el Ministerio Público.

Las cifras rojas dadas por la Fiscalía no terminan allí. Éste ente abrió 357 investigaciones por homicidios y otras 77 investigaciones por otros delitos cometidos por las fuerzas policiales en estos operativos

A la parroquia San Blas no ha llegado la OLP; se supone que allí aún funciona un “patrullaje inteligente” del cuadrante de paz N°32. Sin embargo, sería muy poco probable garantizar la seguridad de 30.000 valencianos con apenas dos patrullas operativas.