En esta parroquia del estado Trujillo hay tres cuerpos de seguridad que deben garantizar la vida a sus 7.000 habitantes. Sin embargo, la supuesta participación de funcionarios policiales y militares en las bandas delictivas que operan en la zona genera desconfianza en la población. Miembros de la policía del estado fueron implicados en el asesinato del alcalde Marcos Tulio Carrillo, uniformados de la policía municipal fueron detenidos por una ejecución extrajudicial y los agroproductores consideran que la Guardia Nacional Bolivariana es un grupo hamponil más.

En Santa Apolonia viven aproximadamente 7.000 personas, pero todos se conocen, todos saben a qué se dedica cada quien. La valoración de la criminalidad en la parroquia ubicada en el municipio La Ceiba del estado Trujillo es subjetiva, pero igual marca una división entre los buenos y los malos.

“Los muchachos”, “ellos”, “la red esa”... Los delincuentes de Santa Apolonia que se agrupan en bandas no son extraños sino vecinos. Han nacido y se han criado allí. La cercanía entre los parroquianos favorece la solidaridad y la camaradería, pero también se convierte en riesgo cuando se intenta activar el sistema de administración de justicia en contra de la impunidad.

“Aquí hay que mantener la boca callada si quieres sobrevivir”, advierte Margarita* y se hace eco de la paranoia que impera en Santa Apolonia. Accede a contar más detalles bajo estricta reserva de su identidad y dentro de un vehículo en marcha, lo más alejada de la posibilidad de que sea identificada como una delatora de los grupos delictivos que, por supuesto, también conocen a todos los que viven en el lugar.

“Todos sabemos quiénes somos. Sabemos quién está metido en la red esa, y por eso yo no hablo mal de nadie. Yo lo único que hago son favores, sean buenos o malos los que me lo piden”, explica la mujer de 60 años de edad.

Una denuncia que ponga en aprietos a algún integrante o colaborador de una de las bandas delictivas que operan en Santa Apolonia puede implicar una sentencia de muerte, asegura Margarita: “La culebra le queda a uno, y ya usted sabe cómo se mata la culebra ¿no?”.

Los ajustes de cuentas entre delincuentes son percibidos por Margarita como una solución, como el mal menor:  “Así van desapareciendo las bandas cuando la policía no las alcanza”.

La perversión de la denuncia

Mantenerse a salvo en Santa Apolonia no parece cosa fácil. Hay quienes están convencidos de que dejar constancia escrita de la comisión de un delito es desafiar a los delincuentes. En algunos casos temen que los funcionarios policiales, en vez de proteger a las víctimas, las “denuncien” ante los victimarios y que estos ejerzan represalias que pueden llegar al extremo del homicidio.

Incluso, los delincuentes suelen obligar a los habitantes de Santa Apolonia a convertirse en sus cómplices. Por ejemplo, los trabajadores de las haciendas son captados por las bandas y obligados a suministrar información sobre sus patronos. La renuencia a colaborar se puede pagar con la vida o la de un familiar. La red crece y aumentan los implicados en cada hecho delictivo.

También puede ser peligroso remodelar casas o cercarlas, porque eso pudiera dar a entender a los criminales que sus propietarios tienen dinero para pagar extorsiones.

En 2010 la Policía Municipal de La Ceiba prometía ser diferente y brindar seguridad a la población que por primera vez tenía un cuerpo policial propio. Marcos Tulio Carrillo fue el alcalde que se encargó de su creación y fungió también como su comandante. Seis años después fue asesinado a las puertas de su casa.

No había transcurrido un lustro, cuando la nueva policía fue intervenida por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, y diez funcionarios fueron removidos de sus cargos e imputados de delitos que van desde la corrupción hasta la violaciones graves de derechos humanos.

“Ya tenían varias denuncias en su contra y en 2014 la gente pidió el cierre de esa policía, porque varios de sus funcionarios habían matado a un adolescente. Ese caso lo llevaron ante instancias de Caracas, porque la familia tenía contactos allá, y tomaron la decisión de intervenirla. Los policías fueron detenidos”, asegura Juan Pazos, periodista de Sucesos de la prensa local.

El hecho que motivó el cierre temporal de Policeiba fue la ejecución extrajudicial de Josua Castellanos. La versión oficial indica que el 18 de abril de 2014 él discutía con su hermano Osneiver Castellanos en una de las calles de la parroquia El Progreso. El altercado entre Josua y Osneiver llegó a la violencia física, por lo cual su madre pidió a unos policías  que intervinieran en la riña. Al ver a los funcionarios los jóvenes corrieron, el adolescente se resguardó en una vivienda y fue allí donde los uniformados le dispararon. Por el caso fueron enjuiciados los oficiales Yosser Tambo, de 28 años de edad, Jonathan Gómez, de 28, Javier Urbina, de 20 y Delmiro Solar, de 23.

Pazos asegura que las denuncias de irregularidades en la policía municipal no cesan, al igual que en las otras instituciones policiales del estado, lo que ha significado un muro entre los ciudadanos y las instituciones de justicia.

“Siempre recibo a personas que dicen que los funcionarios abusan de la autoridad, que si ven a la gente con pañales se los quitan y también la comida. He recibido muchos casos personas que aseguran ser víctimas de extorsión”, manifestó el periodista. De esta forma, Pazos deja ver que a veces las víctimas confían más en un reportero que en las autoridades. Los habitantes de Santa Apolonia se cuidan de los delincuentes, pero también de los policías.

La extorsión, el robo y el sicariato son parte de la angustia de los habitantes de la localidad trujillana, especialmente de los dueños de fincas agropecuarias, las cuales ocupan aproximadamente 10.000 hectáreas en todo el municipio de La Ceiba, según cálculos de la Asociación de Bananeros y Papayeros de Trujillo.

Son contados los productores que no han recibido una llamada de la delincuencia. Así lo aseveró Gilberto*, ganadero y agricultor de la zona, quien señala que le han robado camiones de carga y que ha sufrido intentos de extorsión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Yo no denuncio. Yo mismo voy y busco mi vehículo”, afirma Gilberto. Precisó que hace dos años, una banda lo despojó de un camión cargado de plátano y que acudió ante las autoridades, pero no para llenar un formulario de denuncia que él considera inútil: “Fui a la policía municipal, a la policía del estado y a la Guardia y les dije que tenía en efectivo tantos millones de bolívares para que me buscaran mi camión. Ellos me dijeron que denunciara y les dije que no. Al rato me llamaron los delincuentes para decirme dónde estaba el camión. Fui y lo busqué. Claro, es que entre ellos (policías y delincuentes) se comunican”.

“El que tenga un carrito de perrocaliente, paga vacuna. El que tenga una moto, paga vacuna, el carnicero paga vacuna. Todo el que produzca, paga vacuna”, afirma Gilberto.

Tales son las irregularidades dentro de los componentes de seguridad que deberían proteger a los trujillanos que hay un funcionario de la policía del estado involucrado en el homicidio del alcalde Marcos Tulio Carrillo, y otro exfuncionario del mismo ente habría sido quien le disparó.

La Policía Municipal de La Ceiba fue oficialmente suspendida de sus funciones, según Gaceta Oficial número 41.325 con fecha de 22 de enero de 2018.

“Contactos”, en vez de autoridades

Otro episodio narrado por Gilberto ocurrió en 2016, cuando un hombre que se identificó como comandante de la Guardia Nacional Bolivariana lo llamó e intentó extorsionarlo, al decirle que el hijo del productor agropecuario se había metido en problemas. “No le creí. Le dije que con el número desde el que me llamaba lo iba a rastrear, porque yo tengo mis contactos. Más nunca llamó”, dijo Gilberto. Y acotó que esta manera de actuar frente al crimen que también corrompe a policías y militares de Santa Apolonia  él la denomina “aplicar la psicología inversa”.

Con sus “contactos”, Gilberto también habría podido resolver a detención de un “malandrito” que había golpeado a su hijo. “Pasó ocho días presos. De esta manera las bandas saben que no deben meterse conmigo o con mi familia, porque no soy ningún guaro”, recordó.

Pero no todos tienen la agenda telefónica de Gilberto, por lo cual no todas las extorsiones, secuestros, hurtos, robos y homicidios tienen el final que el ciudadano de Santa Apolonia aspira.

La esperanza de ver detenidos a los criminales que azotan a los habitantes de Santa Apolonia parece difuminarse con la mala actuación policial. “Yo he hablado con funcionarios que prefieren cobrarle a los capturados por droga 300.000 bolívares para no encarcelarlos. Dicen que si hacen el procedimiento como es, en Fiscalía o en otra instancia del sistema judicial va haber una traba y luego la culebra le queda a ellos”, indicó Pazos.

El municipio La Ceiba también tiene acceso al lago de Maracaibo, sin embargo, el único puerto con el que cuenta la localidad luce abandonado. Foto Iván Reyes.

Este método es un arma de doble filo. En ocasiones hiere a quienes deben garantes de la seguridad ciudadana. El detective Carlos*, con diez años dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), sabe que no solo los ciudadanos de bien pueden mover sus influencias, sino también los líderes de las bandas delictivas.

En marzo de este año, el jefe de Investigaciones del Eje de Homicidios de Trujillo, Carlos Briceño Bastidas, de 37 años, y el detective agregado José Godoy Gudiño, de 28 años, fueron detenidos por presuntamente exigir 50.000.000 de bolívares a dos agricultores. Ahora están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Ciudad Ojeda, estado Zulia.

Según el Ministerio Público, las víctimas acudieron en febrero de este año para denunciar que los agentes del Cicpc quería involucrarlos en un homicidio, por lo que les pidieron dinero para no dejar rastro en sus antecedentes penales. En marzo se realizó una entrega controlada del dinero correspondiente a la extorsión, que permitió la captura de los funcionarios.

El detective Carlos asegura que los agricultores son parte de la banda de “El Cagón”, un grupo delictivo que tiene al menos 250 hombres y opera en el Eje Panamericano (conformado por los municipios Andrés Bello, Miranda, La Ceiba, Sucre, Bolívar, Rafael Lander, Monte Carmelo).

“A nosotros nos dieron la orden de ir por el cabecilla de la banda. Hicimos inteligencia y fuimos por ellos. Como se detuvo al papá de El Cagón, éste puso un peine. Dijeron que iban a pagar por la libertad de ellos y los funcionarios aceptaron para hacerle seguimiento al caso, pero al final los aprehendieron. Sabemos que en Caracas pagaron en dólares a la Fiscalía para que quedaran presos”, manifestó el funcionario del Cicpc.

“De nada valió tanto apoyo, tanto pésame”

Luego del asesinato del alcalde Carrillo, el gobernador de Trujillo Henry Rangel Silva, así como funcionarios del Cicpc y del Sebin acudieron a los actos fúnebres para ofrecer apoyo a la familia. El presidente Nicolás Maduro envió sus condolencias en una transmisión televisiva en la que aseveró que su homicidio correspondía a un acto de venganza. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela Freddy Bernal y el diputado oficialista Víctor Clark también se pronunciaron en contra de lo que calificaron como un sicariato.

“Yo pensaba que se iba a hacer justicia, pero no. Al autor material lo agarraron después de un año, a otro le dieron casa por cárcel y se fugó. Las audiencias las hacen cuando quieren y todavía no hemos pasado a juicio”, denunció Luz Barreto de Carrillo, esposa del alcalde asesinado.

El mismo día que fue acribillado Carrillo, los tres cuerpos de seguridad desplegados en la parroquia Santa Apolonia (GNB, Policía de Trujillo y Policía de La Ceiba) emprendieron un operativo junto con los uniformados del Cicpc. La razzia terminó en la madrugada con la muerte de cuatro hombres que supuestamente estaban involucrados en el homicidio del mandatario local. Los cuerpos no fueron identificados públicamente.

La investigación fue asignada a dos fiscales: uno con competencia nacional, Magledys Márquez, y otro con jurisdicción en el estado Trujillo, José Molina. Estos fueron los que imputaron a los cinco implicados en el homicidio que actualmente se conocen, entre ellos el autor material e intelectual.

¿Por qué lo mataron? Una demostración de fuerza de las bandas delictivas de la localidad frente a las medidas de seguridad que impuso Carrillo es una de las hipótesis. Pero también de forma extraoficial trascendió la especie según la cual el sicariato tuvo su origen en vínculos inconfesables entre el alcalde y las bandas de delincuencia organizada. Carrillo “se habría comido la luz”, que en la jerga delictiva significa desobedecer las normas que establece el hampa. Más allá de las detenciones, un año después del crimen, los allegados a la víctima dicen que aún desconocen las verdaderas razones del asesinato del alcalde.

De acuerdo con el detective Carlos, quien intervino en la investigación del caso, la policía científica determinó que el crimen contra el mandatario del municipio La Ceiba fue un encargo realizado por delincuentes vinculados con la Policía de Trujillo.

“El alcalde había tenido un conflicto con la policía estadal en 2015. Cinco meses después lo asesinaron para sacarlo del juego, porque ni ellos ni la policía municipal estaban de acuerdo con él”, explicó el detective.

Los empleados de la alcaldía de La Ceiba guardan los recortes de periódico que hablan sobre el asesinato de Marcos Tulio Carrillo. Foto Iván Reyes.

Agregó que fue Nelson Vásquez, de 32 años de edad, quien pagó por la muerte de Carrillo. El hombre ya tenía prontuario policial por homicidio, se hacía llamar “El Nelsito” y su radio de acción estaba entre los municipios La Ceiba y Andrés Bello. Fue detenido por el homicidio del alcalde el 13 de abril de 2016 e imputado por sicariato y asociación para delinquir. Actualmente, se encuentra recluido en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas.

“A él todavía no le hacen la audiencia preliminar porque no lo trasladan”, lamentó la viuda de Carrillo. Según el funcionario del Cicpc, éste habría pagado para que fuese recluido en El Helicoide, donde usualmente encarcelan a presos políticos.

Fidel Ramón Ortega Olivar, de 35 años de edad, fue uno de los primeros detenidos. El Cicpc determinó que conducía la moto que se paró frente a la residencia del mandatario local y desde la cual le dispararon ocho veces.

El parrillero era Keivis Ramón Rodríguez Valbuena, de 26 años de edad, exfuncionario de la Policía de Trujillo, que anteriormente había sido suspendido del cargo por estar incurso en faltas. Fue atrapado justo un año después, el 30 de marzo de 2017, en el municipio Monte Claro. Llevaba consigo porciones de droga y se encontraba con dos hombres y un adolescente. La esposa de la víctima asegura que, a seis meses de su captura, Rodríguez Valbuena no ha sido presentado ante los tribunales y desconoce dónde se encuentra recluido.

Las investigaciones del Cicpc también establecieron que Rodríguez Valbuena le pidió a Hamlet Josué Rivero Moncayo, agente activo de Politrujillo, que le suministrara un arma de fuego para cometer el asesinato. Por esta razón, Rivero Moncayo fue acusado por sicariato en grado de cooperador inmediato, porte ilícito y alteración de arma de fuego y asociación para delinquir. La viuda aseguró que el acusado fue enviado a la cárcel de Lara conocida como la Fénix.

El último implicado en este crimen es Carlos Luis Alvarado Paiva, de 34 años de edad, un trabajador de la Alcaldía de La Ceiba que habría suministrado información a los delincuentes sobre el itinerario habitual de Carrillo. “Lo amenazaron para que colaborara con ellos y le pagaron cinco millones de bolívares. Él iba avisando donde estaba el alcalde. De hecho, a él lo iban a matar el día antes, pero como estuvo todo el día en un acto político no pudieron”, indicó el investigador del Cicpc.

A este hombre le fue otorgado una medida cautelar de arresto domiciliario por un juez suplente del Tribunal Séptimo de Control del estado Trujillo. A los pocos días, en el pueblo se regó el rumor de que el hombre huyó a Colombia, su país natal, por lo que la esposa del alcalde asesinado acudió a los tribunales para verificar la situación y le aseguraron que no era cierto.

Por la insistencia de la viuda, el juez titular, Jorge Pachano, reconoció que la medida de casa por cárcel sí había sido tomada y que, para subsanar el error, había emitido una orden de captura en contra de Alvarado Paiva. Actualmente, el caso del sicariato de Marcos Tulio Carrillo está en manos del juez Miguel Hernández.

“Yo siento que aquí no hubo justicia. De nada me valió que asistieran personalidades al velorio y entierro de mi esposo. Eso ahora ya está en el olvido”, concluyó, frustrada, Luz Barreto de Carrillo.

* Nombre ficticio. Los informantes requirieron que se resguardara su identidad