Los guardias nacionales que mataron a Robert Palmar e hirieron a otras siete personas “pasaron” por el Cicpc pero nunca fueron presentados ante al Ministerio Público. Incluso, la familia del difunto asegura haberlos visto frente a su destacamento en el sector Los Dulces, como si nada. El crimen permanece impune. Con uno de los heridos que sobrevivió al ataque indiscriminado de los guardias a una chirrinchera que transportaba a 25 personas el 6 de abril de 2018, los militares habrían tratado de hacer “un arreglo wayúu”: pagar por el muerto y por los heridos, y así saldar su culpa

María Victoria Fermín K.

Después de reconocer el cadáver de Robert Palmar en la parte de atrás de un camión estacionado frente al Hospital Universitario de Maracaibo, sus sobrinos y una de sus hijas  acudieron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para denunciar el asesinato, porque están convencidos de que fue un asesinato. De hecho, fueron acompañados de seis testigos que así lo confirmaron ante las autoridades.

En ese comando los familiares y testigos vieron pasar a cuatro funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rumbo a un cuartico. Un agente del Cicpc les dijo que eran los responsables del homicidio de Palmar, de 54 años de edad. Horas antes, esos mismos cuatro hombres habrían disparado indiscriminadamente contra la chirrinchera donde Palmar y otras 25 personas se trasladaban por la carretera hacia La Concepción. Y luego alegaron que se confundieron en la persecución de un vehículo robado...

Los deudos pensaron que con la “captura” de los cuatro guardias el crimen cometido el 6 de abril de 2018 no quedaría impune. Sin embargo, pasados los días, se enteraron de que los funcionarios nunca fueron presentados ante el Ministerio Público. Incluso los han vuelto a ver en un destacamento ubicado en el sector Los Dulces. Como si nada.

Al día siguiente del entierro de Palmar en el Cementerio de El Edén, su hermana Yudis y su familia acudieron al lugar de los hechos. Soportaron el solazo que pega en Maracaibo, atravesaron la carretera y sumergieron los pies, las piernas y los brazos en los pozos que forman los huecos llenos de aguas negras.

Las condiciones de las vías principales de San Isidro son realmente deplorables. Foto: Iván Reyes

Tantearon a ciegas cerca del lugar donde se detuvo la chirrinchera antes de convertirse en blanco de los disparos de los guardias. Esa noche, con la luz del poste que aún guarda el rastro de los impactos de bala, recogieron 19 casquillos. Los metieron en una bolsa y los llevaron a la Fiscalía, desde donde los remitieron al Cicpc, supuestamente para realizar las experticias de comparación balística que figuran en el ABC de la investigación de este tipo de hechos.  “Sabíamos que ellos no se iban a meter aquí”; dice Yudis, quien desde el principio intuyó la desidia de los investigadores del Cicpc..

La pesquisa de “evidencias de interés criminalístico” para sustentar una imputación y posteriormente una acusación contra los cuatro funcionarios de la GNB incluyó tomar fotos del lugar y, además, contactar a algunos de los pasajeros que esa noche sobrevivieron a la balacera. El chofer, Tony Ruiz, había anotado en un papel los nombres, cédulas y números de teléfonos de quienes lo acompañaban. El sobrino de Robert, David, llamó a varios de ellos y constató que estarían dispuestos a declarar. Imprimieron la lista y la llevaron al Cicpc.  

Ruiz, chofer de la chirrinchera, también rindió declaraciones. Su camioneta fue retenida al menos por un mes en el Cicpc, a la espera de la firma de un funcionario que estaba de vacaciones. Tuvo que pedir prestado otro vehículo para seguir trabajando y, después de lo sucedido, al menos una vez se repitió el escenario de ver pasar un carro “que iba robado”.  

Él también considera que hay insumos para esclarecer los hechos y refiere que en un negocio de la carretera existe una cámara de seguridad que, quizá, pudo registrar la actuación de los guardias.

El valor de la vida

En el tiroteo otras siete personas resultaron heridas con distintos niveles de gravedad. Los parientes de uno de los heridos, de origen wayúu, se pusieron en contacto con los Palmar días después del entierro de Robert.

“Ellos (los wayúu) están acostumbrados a tratar ese tipo de muertes o heridos con dinero. Suena duro pero es como pagar por el muerto: ofrecen un pago para dejar las cosas así y luego un brindis para cerrar el problema”, explicó David, el hijo de Yudis. “Aquí vinieron unas personas y nos pidieron que nos trataramos de arreglar con los guardias. Ellos querían que nos arreglaramos de esa forma. Y dejáramos las cosas así. Era como una indemnización sin justicia”, relató.

Los familiares de ese herido habían tenido un primer contacto con los uniformados que pertenecen al Destacamento Nº 111 en el sector Los Dulces. Un funcionario de alto rango apoyó la idea de hacer “un arreglo wayúu” y les insistió en que querían que fuera con todos los afectados por el tiroteo.

Pero Yudis y su familia solo quieren una administración de justicia que lleve a los responsables a la cárcel, para nunca más asesinen a alguien. Por ello rechazaron el trato de acuerdo a las costumbres wayúu, mientras que otras de las víctimas del ataque de la GNB tampoco aspiran a “cobrar por sus heridos”.

La familia de Robert Palmar sigue atenta y firme en su derecho de que se aplique la justicia sin trampas, sin atajos. Sin embargo, la lejanía entre el barrio Rafael Urdaneta y las sedes del Cicpc y de la Fiscalía en Maracaibo, así como algunos imprevistos familiares han debilitado el impulso que están dispuestos a darle a las investigaciones.

La escasez de transporte público en Maracaibo ha dado pie a la proliferación de vehículos no aptos para transporte humano. Foto: Iván Reyes

La falta de dinero en efectivo y transporte público en el sector le han impedido a Yudis volver a recorrer los 22 kilómetros que separan el barrio Rafael Urdaneta de la parroquia San Isidro, donde viven, de las sedes del Cicpc (en la vía hacia el aeropuerto) y del Ministerio Público en el centro de Maracaibo, para exigir información sobre las investigaciones.  

Más recientemente la hermana del asesinado, empeñada en que se sancione conforme a la ley a los responsables del crimen, ha tenido que encargarse de la salud de su madre, que sufrió una afección respiratoria y requirió atención médica y cuidados constantes.

Perseverante, Yudis asegura que, tan pronto su mamá se recupere, continuará haciendo gestiones ante el Cicpc y la Fiscalía: “Lo hago especialmente por los hijos menos de Robert, que quedaron desamparados”.