José Ramón Asencio, de 27 años de edad, es  sobreviviente del tiroteo de la Guardia Nacional Bolivariana a una “chirrinchera” donde él y otras 25 personas se trasladaban hacia sus hogares por la carretera hacia La Concepción, en Maracaibo. El ataque indiscriminado de la GNB causó la muerte de Robert Palmar, de 54 años. José Ramón, tiene dos morochos de cuatro meses de nacidos, no puede caminar, no puede trabajar, no puede mantener a su familia. Ha tenido que vender hasta el terreno donde vivía

María Victoria Fermín K.

En un chinchorro anaranjado que cuelga de dos árboles lo suficientemente frondosos para guarecerse del calor de Maracaibo permanece postrado Chichito. Está casi desnudo; su vestimenta se limita a un short deportivo, como de uniforme de basquetbolista. Su pie derecho toca el piso y en el muslo tiene una venda. Mantiene la  pierna izquierda en alto, cubierta por una bolsa negra para evitar que “la plaga” haga contacto con la herida. María, su hermana, retira el plástico y se dedica a espantar a las moscas, mientras quedan expuestas seis varillas de metal de unos 20 centímetros que le sobresalen de la piel.

La casa de María está en el barrio El Curarire, en la vía hacia La Concepción. No tiene número, como ninguna de las viviendas del lugar. Se llega preguntando a los vecinos. No hay que decir ni su apellido, basta María. Después dos intentos, los dedos apuntan a la vivienda con fachada azul. Allí se encuentra Chichito, un joven de 27 años de edad, cuyo nombre de pila es José Ramón Asencio.

Las calles de El Curarire son de tierra. Palos de madera, alambres de púas, árboles, láminas de zinc oxidadas y bloques de cemento delimitan los espacios entre una “propiedad” y otra. Hace apenas diez años el sector, que forma parte de la parroquia San Isidro, fue ocupado por familias humildes que construyeron allí sus ranchos, sus vidas.

En un segundo chinchorro, verde oscuro, estaban envueltos los morochos Elías José y Edgar José. El 12 de mayo de 2018 cumplían ocho días de nacidos. A la esposa de Chichito le dieron los dolores de parto mientras lo visitaba cuando él aún estaba hospitalizado.

José Ramón Asencio es padre de morochos que nacieron pocos días después del suceso con la Guardia Nacional Bolivariana. Foto: Iván Reyes

La balacera

La noche del 6 de abril de 2018 Chichito iba del trabajo a su casa en El Curarire. Él viajaba en el “piso de arriba” de una chirrinchera, como se les dice a los camiones tipo pick up que habilitan para trasladar pasajeros y que se han multiplicado en el territorio nacional por la falta de unidades de transporte público. El vehículo cubría la ruta de Curva de Molina (en el centro de Maracaibo) hacia a La Concepción.

Cerca del kilómetro 16 de la carretera, la chirrinchera tuvo que orillarse. Un cambio de luces y el sonido de un carro que aceleró era una señal que ya le resultaba familiar, por frecuente, al conductor Tony Ruiz. Era un vehículo robado y tenía que darle paso.

Minutos después comenzaron los disparos. A José Ramón, de 27 años de edad, le pegaron tres tiros, dos en la pierna y uno en la nalga. Perdió el equilibro de inmediato y cayó sobre el parabrisas del transporte, rodó por el capó y cayó a la carretera, a uno de los inmensos charcos de aguas negras que caracterizan el desbaratado trayecto.

“Caí al piso y seguían disparando. Me arrastré hacia los matorrales, a uno de los cerritos de arena para cubrirme. Ellos se desataron, echaron tiro parejo”, cuenta casi un mes después del incidente que le trastocó la vida.

Los disparos fueron realizados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que perseguían a una camioneta robada. Los pasajeros se lanzaban de la chirrinchera, gritaban desesperados, alertaban que había niños a bordo. Cuando terminó la balacera, los uniformados dijeron que se habían confundido.

Además de Chichito otros seis pasajeros resultaron heridos. Robert Palmar, de 54 años, murió en el lugar por un tiro en el cuello. La GNB no les prestó auxilio a los heridos. Solo ordenaron a chofer que se fuera de ahí al hospital, pero tampoco los acompañaron en el recorrido.

Aunque el chofer de la chirrinchera, Tony Ruiz, trasladó a los heridos lo más rápido que pudo hasta el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), José Ramón tuvo que esperar seis horas para que lo ingresaran a quirófano por primera vez. Sus huesos estaban expuestos, la bala le causó fractura de tibia y peroné. “Tenía la pierna “enganchadita con puro tendón”, recuerda.

El hospital, como ya es recurrente en los centros de salud del país, no tenía insumos suficientes para intervenirlo y su familia tuvo que salir a conseguir lo que necesitaban. A los cuatro días de ingresar, le realizaron una nueva operación para colocarle unos fijadores en la pierna, como parte de las cirugías para reconstruirle los huesos.

Pero los tiros que le dieron a Chichito funcionarios de la GNB, no fueron los únicos que causaron daño. Al caer en las aguas residuales que se han acumulado en la carretera de La Concepción, tuvieron que realizarle múltiples lavados en el quirófano para tratarle la infección que contrajo.

Hogar sin sustento

Después de salir del hospital, Chichito, su mujer recién parida y sus bebés se fueron a la casa de María, su hermana. Es ella quien lo carga para moverlo de un lado a otro porque pasados tres meses del tiroteo, el joven aún no puede caminar. La familia no puede costear una silla de rueda ni unas muletas.

El tratamiento con antibióticos que le recetaron pudo cumplirlo solo durante tres días; la Gobernación del Zulia le donó seis frascos de Meropenem en ampollas que en mayo tenían un costo de 10 millones de bolívares cada uno. Él debía tomar dos cada ocho horas. Desde entonces no ha recibido más apoyo del Estado.

Asencio relató que no tiene cómo pagar los medicamentos necesarios para su recuperación. Foto: Iván Reyes

Chichito tuvo que dejar su trabajo. Reparando celulares en el centro de Maracaibo mantenía a su familia. “Hemos vendido todo, nos hemos quedado en la calle. Vendí mi televisor, vendí mi planta eléctrica, vendí el terreno y prácticamente estoy en la calle porque esto aquí es de mi hermana”, dice. La comida llega al estómago una vez al día y “cuando no hay, no hay”.

Cada quince días, desde que le dieron de alta en el hospital, debe ir a consulta con el médico para que lo evalúen y definan cuándo podrán hacerle la nueva intervención quirúrgica que necesita. Un conocido de la familia es quien lo lleva en su camioneta y le cobra 3 millones de bolívares en efectivo por cada “carrera”, una tarea titánica en una Venezuela donde escasean los billetes y hay quienes los venden por tres veces su valor. “Hay que buscarlos donde no los hay”, expresa el joven.

Le preocupa la próxima operación que requiere, porque sabe que deberá volver a conseguir todos los insumos. “Además tengo a mis hijos enfermos con vómito y diarrea. Los llevamos al médico pero no compramos el tratamiento porque no tenemos los recursos. Ellos están mal y yo me siento peor porque no puedo hacer nada”,lamenta.

Aislado en El Curarire, desconoce si alguna autoridad se ocupa en castigar a los responsables de que su vida y la de su familia se hayan fracturado. No debería haber mayor inconveniente para identificar a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que dispararon aquel 6 de abril contra la chirrinchera donde iba Chichito; donde iba Robert Palmar, el hombre de 54 años de edad que recibió un un balazo en el cuello disparado por los militares y murió ipso facto.

La frustración por no poder hacer nada se siente en su voz. “Yo creo que esto no puede quedar así”, dice Chichito. Y su concepción de la justicia también incluye la aspiración a una reparación económica que le podría permitir recuperar algo de lo que ha perdido, de lo que sigue perdiendo.