A la violencia que marca el día a día en Caucagua se suma la impunidad. A la pérdida que causa el auge de la criminalidad se suma un tormentoso tránsito burocrático, que comienza en una morgue donde no hay lo indispensable para hacer autopsias y prosigue (y frecuentemente se estanca) en un sistema judicial ineficiente. Lo peor es que, a veces, el sentimiento de venganza supera la posibilidad real de justicia

Vanessa Moreno Losada

Calor, cacao e injusticia. Caucagua, capital del municipio Acevedo del estado Miranda, destaca por el sol intenso que hace brillar la piel morena de sus habitantes y el fruto de donde se extrae el chocolate que ha dado premios a Venezuela en concursos internacionales. Pero así como el calor y el cacao son parte de la cotidianidad, los caucagüeños también viven a merced de la delincuencia que campea sin que las autoridades hagan lo suficiente para impedirlo.

La ruta de la violencia en esta localidad barloventeña comienza con el quiebre que produce un asesinato, continúa con los engorrosos trámites forenses que agravan el duelo y se eterniza en el abandono de la investigación que debe dirigir el Ministerio Público para encontrar los responsables y aplicarles las sanciones que les corresponden.

Durante 2016, en el municipio Acevedo del estado Miranda, 213 familias padecieron directamente el incremento de la delincuencia en la zona. Reportes de la policía del estado señalan que esa fue la cantidad de homicidios registrados ese año: al menos dos asesinatos cada semana, la mayoría de ellos en Caucagua, su capital.

Tres años antes, el Anuario de Mortalidad del Ministerio de Salud indicaba que la parroquia Caucagua era una de las 12 más violentas del país, pues la tasa de homicidios llegó a 359 por cada 100.000 habitantes. Tres dígitos alarmantes, si se considera que la Organización de Naciones Unidas (ONU) califica como epidemia la violencia homicida  que supera la tasa de 10 asesinatos.

Precisamente en 2013 se implementó una política de seguridad en los seis municipios que comprenden Barlovento (Acevedo, Brión, Andrés Bello, Buroz, Pedro Gual y Páez), basada en un intento de “pacificar” las bandas criminales. Luego, en la región se aplicaron otros seis planes: Pacificación 2014, Desarme Voluntario, Bloques de Búsqueda, Corredores Seguros, Operación Liberación al Pueblo y Antisecuestro 2016 - 2017.

En el municipio Acevedo, 213 familias padecieron directamente el incremento de la delincuencia en 2016. Foto Iván Reyes

Ahora Acevedo es custodiado por cinco cuerpos de seguridad del Estado y sus habitantes sienten que continúan “bajo un régimen de terror”. “Aquí están todos los cuerpos policiales, menos la Marina y la Aviación, sin embargo no hay seguridad”, ironiza Rafael Ortega con resignación. Él es un sexagenario que se ha dedicado a la labor social y política en Acevedo, un testigo presencial del deterioro de la seguridad ciudadana en el municipio. Ortega asegura que los delitos más frecuentes son hurto, robo, extorsión, secuestro y homicidio.

Reprobados en prevención

Al caminar por las calles de Caucagua se puede ver un desfile de patrullas. En las que están identificadas con las siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) van funcionarios encapuchados y con armas largas; mientras que en las de la Policía de Miranda, la Policía de Acevedo y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los funcionarios no tienen armas visibles y llevan el rostro descubierto.

Los uniformados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) permanecen en la subdelegación local hasta que un crimen los lleve a la calle. Es una policía de investigación criminal.

“Aunque  se ven muchas patrullas, es poco lo que hacen. Tenemos una policía del estado de capa caída por la falta de presupuesto y porque hace poco la intervinieron. Los funcionarios de otros cuerpos vienen encapuchados y se van. Uno no sabe si son malandros o policías”, aseguró Orlando González, un caucagüeño de 50 años de edad, que trabajó en la jefatura civil por dos décadas.

Orlando González asegura que la policía de Miranda está "de capa caída". Foto Iván Reyes

Es común ver a los policías y militares comprando algún alimento, sacando dinero de un cajero o conversando desde sus celulares con algún allegado. Pero, al parecer, no se han ganado la confianza de la población. “Se nota como si fuera más peligroso ir a las instituciones que dan seguridad, como si estuvieran permeadas de la maldad o del desorden social. Aquí en Caucagua hay de todo (cuerpos de seguridad), pero eso no quiere decir que haya mejorado más la seguridad social. Las personas se sienten inseguras”, advierte el padre Francisco Berrio López, que tiene diez años como párroco de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en Caucagua.

Además, hay una brecha entre la actuación de policías y jueces. En 2016, la Policía de Miranda asegura haber detenido 605 personas y 58% de esas fueron liberadas por los tribunales.

Los procedimientos del sistema de administración de justicia penal en Venezuela establecen que cuando una persona es aprehendida por un cuerpo policial, e incluso por cualquier otra persona si se trata de una detención en flagrancia, debe ser presentada ante un fiscal del Ministerio Público, que debe evaluar si hay indicios suficientes para imputarlo. Luego, un juez de control revisa la imputación y decide si la persona debe continuar bajo detención judicial preventiva durante los próximos 45 días, mientras la Fiscalía concluye las investigaciones, o si procede una medida de libertad condicional. Si el Ministerio Público considera que el hecho no reviste carácter penal o no se han recabado suficientes indicios de responsabilidad, el detenido obtiene libertad plena.  

En 2016, solo 7% de los capturados por la Policía de Miranda quedó privado de libertad mientras continuaban las investigaciones pertinentes. Esto se convirtió en la excusa de los funcionarios policiales para trabajar a medias, pues ven que su esfuerzo no es correspondido por el resto de los operadores del sistema de administración de justicia.

La morgue, la calamidad

Eran las 6:00 de la mañana del 13 de noviembre de 2016 cuando Francisco Serrano se enteró que el segundo de sus hijos había sido asesinado. Durante cinco horas tuvo que esperar que llegara la única furgoneta que posee el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamefc) del municipio para llevarse los restos del muchacho que había querido ser funcionario policial.

Ese día, su hijo, Frank Antonio Serrano Burguillo, había regresado a casa de su madre luego de haber estado en la celebración de unos quince años donde pasó toda la madrugada. Una invitación a pasar la mañana en una piscina hizo que el joven de 24 años saliera nuevamente en su moto marca Horse.

Minutos después su cuerpo quedó tendido a un lado de la carretera. Los delincuentes lo despojaron del vehículo y le dispararon. El hecho ocurrió en la vía que comunica a San Jorge, donde residía con su mamá, y Tapipa, donde continuaría la fiesta.

“Cuando llegó el Cicpc me dijeron que fuera a Caucagua para dejar por escrito la denuncia de la muerte de mi hijo, pero cuando fui a las oficinas de allá me dijeron que tenía que ir a la subdelegación de Higuerote (a 40 kilómetros de distancia)”, dijo Francisco, siete meses después del homicidio de su hijo.

Desde que supo del homicidio hasta que terminó de declarar en el Cicpc, pasaron ocho horas aproximadamente. El cadáver de su hijo debía ser trasladado a la morgue del Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, a más de 100 kilómetros de de distancia. La razón: no había patólogo en la medicatura forense de Caucagua.

Fuentes extraoficiales indicaron que el último forense renunció por el bajo sueldo de estos funcionarios. Una medicatura forense recibe a víctimas  de muerte violenta: homicidios, accidentes de tránsito y suicidios, así como los casos en los cuales las circunstancias no están claras y las causas de los fallecimientos quedan “por determinar”.

En la morgue de Caucagua, son ingresados cadáveres provenientes de los seis municipios de Barlovento. Es decir, que en 2016 allí se realizaron al menos 361 autopsias, solo por homicidio, según el registro de la Policía de Miranda; sin contar los casos que ocasionalmente provenían del municipio Zamora y Plaza, cuando el centro forense de esa región colapsaba.

Ese 13 de noviembre, a Francisco no le quedó más que recurrir a un particular para que llevar el cuerpo de su hijo a Los Teques. El día de la muerte de Frank Antonio solo había una furgoneta del Cicpc para atender a todo el municipio Acevedo, que no alcanzó para el traslado del joven fallecido.

“Tuve ayuda porque el señor de la funeraria que trabaja allí es conocido y me explicó cómo eran los trámites. Fui solo con él en la furgoneta, no es fácil saber que estás llevando a tu hijo a esa parte”, expresó Francisco.

Entre el traslado, la autopsia y la entrega del certificado de defunción, la familia Serrano esperó cinco horas más, para finalmente poder enterrar al joven en el cementerio de Tapipa,  porque en el único camposanto que hay en Caucagua ya no hay espacio.

“Ya la gente no entierra, sino que pone las urnas unas sobre otras. Nadie cuida esto y por eso se roban las lápidas, floreros e incluso los huesos de los muertos”, aseveró Rafael Ortega, un caucagüeño angustiado por el deterioro de la calidad de vida en su pueblo, mientras intentaba pasar entre las tumbas del camposanto cubiertas de maleza.

Asesinos sin rostros

“Los cuerpos de seguridad levantan el cadáver y los deudos lloran. No pasa más nada. Aquí se hace la denuncia y 90% de las veces no se hace justicia”, resume el  Orlando González.

Está convencido de que en Caucagua los familiares de una persona asesinada tienen dos formas de aplacar el dolor: la resignación o la venganza. Cree que la ineficiencia de los cuerpos de seguridad para dar con el homicida en cada caso conduce a algunos a invocar la Ley del Talión.

“Muchas veces la gente se cansa de ir a la policía a ver si ya tienen pistas del culpable. Ven que el sistema no funciona y como ellos ya saben quién fue, porque todos nos conocemos y a veces el homicida es un vecino, entonces dicen ‘como tú me mataste al mío, ahora yo voy por el tuyo’”, señaló.

Sin embargo, Francisco Serrano no parece estar interesado en el “ojo por ojo, diente por diente”. Es de los que optan por la resignación en vista de que el Estado no ha cumplido con el deber de averiguar quién asesinó a su hijo: “El problema que tenemos en Venezuela es que aquí quedan impunes las cosas. No sé qué le pasa al sistema venezolano que pareciera que no le interesa lo que ocurre. Solamente meten el caso de un homicidio en una gaveta y se olvidan de las realidades que vivimos”.