160 personas mueren cada año en el municipio Acevedo del estado Miranda. A partir de 2013 se han aplicado siete planes de seguridad en la zona, pero tiene la segunda tasa de homicidios más alta del estado, según la policía regional. Sus habitantes conviven con delincuentes. Unos optan por encerrarse en sus casas, otros por rezar

Vanessa Moreno Losada

Cuatro soldados, con sus uniformes verde oliva, reciben a los que llegan a Caucagua. Se les suele ver distraídos con sus teléfonos celulares, como los adolescentes que “chatean” en sus ratos de ocio. Disponen de un trailer con la inscripción “Patria Segura”; allí pasan el rato.

Desde 2015, el Ministerio de Interior Justicia y Paz consideró necesario desplegar a la Guardia Nacional Bolivariana en este pueblo ubicado a 92 kilómetros de Caracas y que da entrada a Barlovento.

Caucagua es la capital del municipio Acevedo, uno de los seis que integran el estado Miranda y el que tiene la segunda tasa de homicidios más alta según los registros de la policía regional. En Caucagua se comenten 160 asesinatos al año, a pesar de que la seguridad ciudadana en esa parroquia ha sido reforzada con la presencia de cinco cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

"Sobrevivimos bajo un régimen de terror, donde todo nos asusta y desconfiamos del vecino o del carro desconocido que vemos llegar. Si antes nos decíamos 'cuidado y te ahogas en el río', hoy nos decimos 'cuidado te roban, violan o matan en el pueblo'", indica Rafael Ortega, un sexagenario que se ha dedicado a labores sociales y políticas en todo el municipio Acevedo.

Las últimas estadísticas oficiales sobre mortalidad en Venezuela corresponden a 2013 y revelan que en Caucagua, con una población de 87 mil habitantes, hubo 113 homicidios por arma de fuego. Ese mismo año, la Policía de Miranda contabilizó 128 asesinatos. Y fue precisamente en 2013 cuando el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz emprendió la llamada “pacificación” de las bandas delictivas de Barlovento.

El responsable del proyecto conocido como “Zonas de Paz” fue el viceministro José Vicente Rangel Ávalos, ( alcalde del municipio Sucre, de Miranda, desde 2017) quien personalmente se acercó a varios grupos armados. Como los voceros de las bandas alegaban que su estilo de vida violento era consecuencia de la falta de empleo bien remunerado, Rangel Ávalos les ofreció apoyo socioeconómico. A cambio, los delincuentes se comprometían a la entrega voluntaria de sus arsenales: fusiles de uso militar, granadas y pistolas.

El canje no funcionó. El método se desvirtuó. Los delincuentes utilizaron estos nuevos vínculos con el gobierno para “exigir” el cese de la intervención policial y militar en las áreas que ellos llegaron a controlar exclusiva y arbitrariamente,  con sus propias reglas. Procedimientos desde todo punto de vista ilegales, en la medida en que constituyen una modalidad de autojusticia, la cual está expresamente prohibida en la Constitución.

"Para hacer operativos teníamos que pedir permiso al Ministerio, si no las bandas delictivas llamaban a su enlace con el ente y nos amonestaban", asevera un funcionario de la Policía de Miranda, quien pidió mantener su identidad bajo reserva. El uniformado explica que las Zonas de Paz degeneraron en guaridas de las bandas, ahora fortalecidas por sus “acuerdos” con el gobierno. Incluso, el ex director de Polimiranda, Elisio Guzmán, afirmó a la BBC de Londres en 2015 que "las negociaciones les dieron a las bandas control de las zonas y les permitió ganar más poder del que ya tenían".

Los controversiales acuerdos cesaron abruptamente el 20 de julio de 2015, cuando el Ejecutivo ensayó un nuevo plan de seguridad ciudadana, el vigésimo octavo en los últimos 18 años: la Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP). Los municipios Acevedo y Andrés Bello fueron tomados por 1.350 uniformados y el despliegue dejó saldo de 11 personas muertas por presunta “resistencia a la autoridad”.

Se retomó la política de mano dura que los mismos promotores de estas razias en los sectores populares del país habían identificado como una fuente de violación sistemática de derechos humanos, atribuible prácticas del pasado, a “vicios superados” de la llamada Cuarta República.

En definitiva, se acabaron las "Zonas de Paz" en Barlovento y dos años después en el municipio Acevedo se registraron 213 asesinatos, 58 cometidos en OLP, según la Policía de Miranda.

Ser delincuente: ¿una opción de vida?

Cuando Francisco Berrio López llegó a Caucagua estuvo a punto de claudicar en su misión como sacerdote. Provenía del departamento de Caldas, Colombia, y en 2007 le encomendaron la feligresía de la localidad mirandina.“El primer día casi me regreso, porque contemplé un ambiente pesado”, indicó el cura.

Asegura que con el tiempo decantó el sentido de su labor. Pero ahora, diez años después de su llegada, cree que su trabajo se ve limitado por una crisis de convivencia que abarca todos los planos de la vida en comunidad. “Todo eso lleva a que muchos jóvenes y niños busquen otro estilo de vida de mucho facilismo. Obtengo las cosas de otras formas y no con un buen empleo, sino con lo más fácil, quitándole al otro”, trata de explicar.

Se refiere a la delincuencia, aunque Berrío López omite esta palabra así como cualquier referencia expresa a la violencia criminal. Sabe que el incremento incontrolable del delito en Caucagua permea hasta lo más doméstico de la vida de sus pobladores. Tanto así que los más precavidos optan por refugiarse en sus residencias antes de que anochezca. “Eso me recuerda a algunos pueblos en Colombia, donde había toque de queda y los guerrilleros eran los que hacían la ronda y no la policía. Parece mentira: allá se respetaba más, porque el temor al grupo armado llevaba al pueblo a comportarse bien”, indicó.

En Caucagua hay quienes piensan que estar armado y tomar la justicia por mano propia es una opción de vida, ya sea para obtener reconocimiento social o para prosperar económicamente .

“Son grupos que se conocen de toda la vida, porque se criaron juntos. Chamos que quizás por el facilismo y por falta de trabajo, agarran la calle y son incontrolables”, apuntó Orlando González, caucagüeño de 50 años de edad, quien trabajó en la jefatura civil por dos décadas.

Rubén Serrano, docente de la localidad, cree que la actitud de la familia es determinante en la formación de los niños, niñas y adolescentes, de modo que se distinguen dos grupos de muchachos: aquellos que tienen el valor del trabajo, respeto a las leyes y formación profesional arraigados en sus metas personales; y otros que optan por la violencia y sus familiares no logran impedirlo.

“Cuando les pedimos que hagan un plan de vida, se oyen expresiones como: ‘yo lo que voy a hacer es malandro’. Otros, sencillamente, no tienen idea de cómo será su futuro”, dijo Rubén, quien tiene 30 años como profesor en Caucagua.

Especificó que para los jóvenes de Caucagua “un malandro” es una referencia de poder: obtiene lo que quiere y poco importa que sea por la fuerza de las armas.

Haideé Masabet es una comerciante de Caucagua que apela a la religión para sobreponerse a la anomia que impera. Fue secuestrada en 2013 y estuvo en cautiverio tres días, en manos de “unos muchachitos” que exhibían sus armas en la pretina del short y amenazaban a su familia con asesinarla.

Como mujer de fe, Haideé aprovechó el secuestro del cual fue víctima para acercarse a Dios, pero también para intentar comprender a los jóvenes que jugaban con su vida por lo que consideraban bienes de fortuna (apenas una frutería y una casa grande) y que para ella solo era la fuente de sustento de su familia, el resultado de su trabajo honesto.

“Les decía que había un camino diferente y que en Dios podían conseguirlo todo. Ellos me respondieron que tenían necesidades, que ellos eran así y que no iban a cambiar”, recordó Haideé, dos años después de la experiencia.

En Caucagua hay ocho centros educativos, desde el preescolar hasta bachillerato. Cuando los adolescentes completan su educación secundaria deben salir de su municipio para continuar su formación académica. La universidad más cercana está a 37 kilómetros de distancia, en el municipio Zamora. Allí hay al menos tres institutos de educación superior que ofrecen carreras técnicas como Enfermería, Análisis y Diseño de Sistemas, Administración de Empresas, Publicidad, Contaduría, Informática, Secretaría y Turismo.

Si ninguna de esas opciones les satisface, los jóvenes deben alejarse más kilómetros de sus hogares y trasladarse a municipios cercanos, e incluso hacia Caracas. Y hacer más esfuerzos, porque Caucagua es una población satélite; es decir, sirve de dormitorio para quienes trabajan y estudian en la capital de Venezuela. Ello aumenta los riesgos de que que el caucagüeño sea blanco de la delincuencia cuando sale o llega a sus viviendas.

Algunos líderes comunitarios luchan para que las actividades culturales y deportivas se mantengan. Rubén manifestó que las competencias entre las escuelas de béisbol de cada municipio se siguen organizando, al igual que las de fútbol; mientras que el Complejo de Cultura de Barlovento se ocupa de brindar a los jóvenes opciones en la música, la pintura y la danza.

El docente estima que estas actividades contribuyen a alejar a los niños, niñas y adolescentes de la delincuencia, pero no es tan optimista en el ámbito laboral. “Empleo ahorita sí es bastante difícil conseguir. Eso no se ha podido solventar”, lamentó. Y complementa: “Aquí los únicos que tienen empleo estable son los maestros y los policías. Los demás viven del campo si acaso. Antes se vivía muy bien del cacao, pero ahora el más afortunado de los agricultores debe pagar vacuna a las bandas para que no los secuestren y les quiten toda la cosecha”.

Confiar en Dios es lo que queda

“La inseguridad aquí es tan fuerte que cuando un carro se frena, la gente corre”, explica Rafael, cuando ve a una de sus vecinas asustarse por la llegada de una camioneta Chery Tigo al frente del cementerio local y exclamar “creí que me iban a secuestrar”.

“La gente toma sus precauciones, se acuesta temprano y no frecuenta los sitios públicos. Antes, en las noches, íbamos a tomar cervezas y a jugar dominó. Ahora la gente teme que a la salida de los bares se presente cualquier cosa”, dice Orlando, el líder comunitario que trabajó por 20 años en la jefatura civil.

Mientras algunos ciudadanos se inhiben de ocupar espacios públicos, otros no pueden eludir la responsabilidad que su oficio les impone. El cura Francisco dice no tener miedo de andar por las calles de Caucagua. Como hombre de fe confía en la protección divina.

“En mis homilías no me refiero a los hechos negativos. Hago un llamado a conciencia de manera general. Prefiero dar el mensaje desde la palabra de Dios sin entrar en este hecho puntual (la violencia criminal), porque esto traería problemas”, expone.

Agrega que intervenir en una banda delictiva como consejero espiritual no es posible cuando el uso de las armas determina la comunicación. Ese es el aprendizaje que dice haber obtenido durante sus tres años como misionero en Cuba y su labor pastoral en Colombia.

Los “problemas” que ocasiona decir algo que incomode a un delincuente no solo se limitan al riesgo que corre un sacerdote en Caucagua. Comerciantes, docentes o vecinos pueden ser considerados por un joven armado como un “sapo” y en consecuencia pueden vengarse quitándoles la vida.

“Sé de docentes que han sido amenazados por los alumnos o asaltados en el camino a sus casas. Hay bastante miedo entre nosotros, incluso por una mala nota que se coloque”, asevera el profesor Rubén. La estrategia que utiliza es aconsejar sin juzgar; focalizarse en el individuo y no en su actitud o la de su familia.

Si para Rubén adaptarse a su entorno significa manejar con “guantes de seda” a sus alumnos, para Haideé la fe es su herramienta.

Ella había iniciado sus actividades religiosas en 2012, como profesora de catequesis, y un año después fue secuestrada. Dice estar convencida de que esos días en cautiverio no corresponden a un castigo divino ni debilitaron su fe. Haideé vio en las lecturas de la Biblia consejos valiosos que la ayudaron a superar el miedo a salir a la calle.

“Yo tuve que salir un mes de Caucagua, porque estaba muy nerviosa. Luego, cuando regresé la gente me decía que me veían tranquila. Me preguntaban si no tenía miedo y si me iba a mudar a Caracas. Yo solo les contestaba: ‘no es cuando otros dicen, sino cuando Dios quiere’”, sentenció Haideé.