Elizabeth Quevedo quiere ser abogada de la República Bolivariana de Venezuela, pero a sus 16 años de edad, teme que la inseguridad, física y socioeconómica, no le permita cumplir su sueño. Ella estudia el último año de la secundaria en la parroquia El Junquito, ubicada en Caracas, la segunda ciudad más violenta del mundo. La tasa de homicidios de esta localidad es de 156 homicidios por 100.000 habitantes, 22 puntos más que la de la capital del país

Vanessa Moreno Losada

Es la 1:00 pm y en el kilómetro 12 de El Junquito desciende la temperatura. La espesa niebla envuelve a una docena de adolescentes que van o vienen de sus liceos y circulan por el borde de una carretera sin aceras. Las madres abrigan a sus hijos pequeños y apuran el paso, mientras que el resto de los transeúntes está en la calle en busca de comida. Pero en la zona, como en todo el país, rige la escasez. Una veintena de personas hacen una demorada cola para tratar de comprar dos canillas de pan.

El Junquito es una de las 22 parroquias de Caracas y se extiende a ambos lados de una destartalada vía llena de huecos y aguas residuales, que destroza los vehículos (sobre todo las unidades de transporte público) y emerge como el más desagradable obstáculo para que la zona desarrolle sus potencialidades turísticas. Es, también, una de las 12 parroquias más violentas de Venezuela, según el último índice del Anuario de Mortalidad que emite el Ministerio de Salud.

Desde la Unidad Educativa Gustavo Padrón, donde Elizabeth Quevedo estudia quinto año. Ella evalúa su entorno con cierta desesperanza: “Si esto no mejora, creo que no voy a tener futuro”. Elizabeth tiene 16 años de edad.

La adolescente no se refiere al clima, a las fallas de los servicios públicos (particularmente la vialidad y el transporte) ni a la contaminación ambiental, sino al incremento de la violencia en la parroquia donde vive.

En 2013, cuando Elizabeth tenía 11 años, El Junquito tenía una tasa de homicidios por arma de fuego de 156 muertes por cada 100.000 habitantes, 22 puntos más que la tasa de Caracas en ese año, según el el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

Elizabeth no sabe de estas cifras, pero sí de la violencia. “La inseguridad está bastante horrenda, no sé si escucharon que en el kilómetro 14 hubo un robo de un carro  y mataron al muchacho. Se llamaba Albert Ávila, estaba en su casa, lo llamaron para comprar el carro, porque lo estaba vendiendo, bajó y le metieron unos disparos. Es triste lo que está pasando en Venezuela”, narra con tranquilidad la joven que preside el Centro de Estudiantes de la Unidad Educativa Gustavo Padrón, ubicada en el kilómetro 12, urbanización Luis Hurtado.

En media hora relató más historias “horrendas” que iban desde ataques con gasolina de un exnovio celoso, hasta una extorsión telefónica a un padre, mientras su hijo estaba en el cine. Ella no es la única estudiante angustiada por el incremento de la criminalidad. La crisis de inseguridad personal en El Junquito es un inevitable tema de conversación entre los niños, niñas y adolescentes.

Onix Sánchez suma 17 años como docente en el Colegio Fe y Alegría, ubicado en el kilómetro 7 de El Junquito. Dice que en sus clases procura que los alumnos hagan catarsis sobre el ambiente hostil en el que viven, porque suelen llegar muy alterados contando algún episodio sufrido por familiares o amigos. “Eso es un efecto dominó. Cuenta uno y salen los demás”, indica.

El Colegio Fe y Alegría no está alejado ni inmune de la delincuencia. Está ubicado en una encrucijada que une a los barrios El Cardón, Lonja de Oro, Las Malvinas y Bicentenario, sitios que albergan a jóvenes armados que salen a delinquir a la carretera El Junquito - Colonia Tovar.

La docente Sánchez, actual directora del plantel, asegura que las escaleras que colindan con la institución son la vía de escape de los pistoleros, una vez cometen el robo.

Por esta razón, la directiva del colegio ha decidido mantener el portón de la entrada cerrada a toda hora. Solo se abre una puerta a las 7:00 am, hora de entrada, al mediodía y a las 5:00 pm, hora de salida. También procuran mandar a los estudiantes de secundaria en grupo hacia la parada de autobuses y a los de primaria y preescolar no les permiten salir sin su representante.

“En la entrada hemos sido víctimas de atracos o los delincuentes vienen con carteras robadas y armas en la mano. En una oportunidad dos hombres corrían por la calle con armas en mano y en ese momento salían los niños. No hicieron nada, solo bajar corriendo las escaleras, pero eso nos alteró mucho”, recordó la docente.

Desprotegidos

Rejas, cámaras, luces. Todos los artefactos que recomiendan los expertos son adquiridos por los vecinos organizados para protegerse de los delincuentes. Hurto, robo y secuestros son los delitos más comunes de los que desean cuidarse.

“Las comunidades se han reunido y buscan cerrar las calles, tener vigilancia privada, colocar cámaras. Pero eso llega hasta allí porque hasta las cámaras se las roban”, aseguró Gustavo Padrón, director de la Unidad Educativa Gustavo Padrón y líder comunitario de la urbanización Luis Hurtado en el kilómetro 12 de El Junquito.

Narró que en una oportunidad una de las cámaras de la zona grabó cómo un par de ladrones le abrieron el carro. Él llevó el video al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y a la Fiscalía. “Eso no terminó en nada”, manifestó.

En los 52 kilómetros cuadrados de esta localidad caraqueña hay dos puntos con custodia policial: el kilómetro 12 y 15. En el primero se encuentra una estructura que hasta 2011 fue ocupada por la Policía Metropolitana (PM) y ahora es la sede del destacamento 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); en el segundo punto se encuentra una unidad de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que funciona más como alcabala y puesto de guía turística que como agentes de seguridad.

Según los habitantes, no hay patrullaje y los cuerpos policiales se limitan a recibir denuncias a través del número dispuesto por el plan de seguridad ciudadana Cuadrantes de Paz.

En 2014 el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz juntó las parroquias El Junko y El Junquito para luego dividirlas en seis cuadrantes, que deberían ser custodiados por la GNB. En 2018, la PNB fue incorporada a la vigilancia de estas parroquias.

La estrategia implementada por el general del Ejército a cargo del ministerio en ese entonces, Miguel Rodríguez Torres, incluía que cada cuadrante tuviese un número de telefóno con el que los parroquianos podrían comunicarse con los funcionarios a la hora de una emergencia.

En la práctica, esto fue lo que pasó: “cuando en la fiesta de Carnaval se daban las locuras, llamábamos a la GNB y no podía venir porque no tenía patrullas o personal. A veces, incluso están apagados los teléfonos”, aseveró Padrón.

Las cifras oficiales indican que el plan fracasó. 11.761 personas fueron asesinadas en 2013 en Venezuela, según los datos que publicó el ministerio dirigido por Rodríguez Torres. En enero del año siguiente, el alto funcionario explicó al país que habían seleccionado 79 municipios donde se producían 89% de los homicidios. Ahí figuraba el municipio Libertador, al que pertenece la parroquia El Junquito.

Se suponía que en esos municipios se enfocarían los esfuerzos del vigésimo plan de seguridad ensayado durante la gestión del presidente de la República Hugo Chávez. Dos años después, en 2016, el Ministerio Público reportó un incremento de la tasa de homicidios en toda Venezuela: 70,11 por cada 100.000 habitantes. 21.752 asesinatos en un año.

Después de muchas reuniones, cartas a las autoridades y llamadas sin respuesta a la GNB, los habitantes de El Junquito dejaron de insistir en reclamar su derecho a la vida y seguridad. De vez en cuando, una protesta exacerba las ansias de tener tranquilidad y los cuerpos de seguridad prometen lo que al mes comienzan a incumplir: más patrullaje.

La seguridad en otro plano

La situación económica del país logró que la seguridad propia pasara a un cuarto plano para los habitantes de El Junquito. Así lo reconoce Antonio Molina, quien tiene más de 40 años viviendo en el kilómetro 11: “El primer problema para nosotros es la comida, que cuesta conseguirla. El segundo es el agua y luego el transporte, porque cada día hay menos unidades”, expuso el sexagenario.

Cree incluso que los robos han disminuido debido al poco poder adquisitivo de las potenciales víctimas, que viven de cola en cola para asegurarse alimento.

Elizabeth Quevedo, a sus 16 años, percibe esa necesidad básica insatisfecha a su alrededor. “También escuché que en el pueblo de El Junquito le quitaron la mano a un niño por haber robado un pan, por falta de comida”, dice la joven y se conmueve.

Cabello amarrado en una cola de caballo, uniforme escondido en un suéter azul para protegerse del frío y rostro sin marcas de maquillajes. Elizabeth habla calmada, sin nervios, pese a que frente a ella tiene a desconocidos que la graban. Transmite entereza.

“Me siento mal de sentir que no tengo futuro, que mis amigos no tienen futuro aquí. Solo tres de mi salón se quieren quedar. Todos se van del país”, manifestó.

La inseguridad para ella ha sido un obstáculo para vivir una adolescencia feliz, aun así agradece la protección de sus padres. “Queríamos hacer una fiesta por la graduación, pero mis papás no me dejaron ir. Otro día me dijeron que no cuando les pedí permiso para ir al pueblo con todos mis amigos. Sé que es una situación difícil y por eso los entiendo. Yo sé que mi grupo jamás me haría daño, pero no sé con qué personas me voy a encontrar”, dijo.

La adolescente asegura que esta adversidad ha sacado de ella la motivación de cambiar la realidad en la que nació. Dice que desde pequeña procura que las reglas se cumplan, que “el deber ser” sea para todos. Su deseo es ser abogada en Venezuela, talento que sus profesores y compañeros han reconocido y motivado.